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Violencia organizada y ausencia estatal: el pulso territorial entre gobierno y disidencias en Cauca y Valle en junio de 2025
El 10 de junio de 2025 marcó uno de los episodios más violentos del año en Colombia, cuando se registraron 24 acciones terroristas coordinadas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, dejando al menos 7 muertos, más de 80 heridos y decenas de infraestructuras públicas y civiles afectadas. Esta jornada, atribuida a estructuras armadas residuales como el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, respondió a la conmemoración de la muerte de Leider Johany Noscue (alias ‘Mayimbú’), antiguo cabecilla del frente Jaime Martínez, abatido por el Ejército en 2022.
Los ataques se dirigieron estratégicamente contra estaciones de Policía, comandos de tránsito, CAIs, vías principales, y personal uniformado, usando artefactos explosivos improvisados como carros bomba, cilindros bomba y motos bomba, así como hostigamientos armados con fusil. El EMC ejecutó esta ofensiva simultánea para demostrar capacidad militar, enviar un mensaje político frente al proceso de paz truncado y reafirmar el control territorial en regiones clave del suroccidente colombiano.
Como si esto no fuera suficiente, el 23 de junio, apenas trece días después, la violencia dio un nuevo giro con el secuestro de 57 militares del Ejército Nacional. El hecho ocurrió en las veredas El Plateado y La Hacienda del municipio de El Tambo (Cauca). Allí, una turba de civiles presionados por la estructura “Carlos Patiño” rodeó, desarmó y retuvo a los uniformados, el episodio representó un claro quiebre en la autoridad del Estado, especialmente en territorios donde el control territorial se disputa abiertamente con grupos armados.
Este conjunto de hechos expone con crudeza la reconfiguración del conflicto armado en el suroccidente colombiano, donde las disidencias están consolidando su presencia a través del terror, la instrumentalización de comunidades y el sabotaje institucional.
Frente a esta escalada, la respuesta del estado no se ha hecho esperar con medidas como el Reforzamiento militar en el suroccidente, con más de 2.000 soldados desplegados, Operativos de contención en zonas rurales de Jamundí, El Bordo y Caloto, Restricción temporal de movilidad y toques de queda en al menos cinco municipios además de la Intervención de inteligencia y judicialización contra posibles financiadores y colaboradores del EMC.
Estos hechos no solo confirman el riesgo de reconstrucción del conflicto armado en territorios vulnerables, sino que también exponen las fallas estructurales del Estado para garantizar seguridad y control en zonas históricamente afectadas por economías ilegales y presencia insurgente.
Ofensiva violenta: el operativo coordinado del 10 de Junio y las cifras de la violencia
El operativo coordinado del 10 de junio de 2025, atribuido al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, consistió en una ofensiva violenta y simultánea en más de 14 municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en aparente conmemoración de la muerte de Leider Johany Noscue, alias ‘Mayimbú’, excomandante del frente Jaime Martínez, abatido por el Ejército Nacional en junio de 2022.¿
El objetivo principal de la jornada fue demostrar capacidad operativa, ejercer control territorial y enviar un mensaje de poder simbólico, especialmente en regiones donde el EMC compite con otras estructuras armadas por la hegemonía del narcotráfico y las rutas ilegales. Al conmemorar a ‘Mayimbú’ con ataques armados, el grupo buscó también reforzar la identidad ideológica de sus combatientes, revitalizar su narrativa insurgente y retar abiertamente al Estado, justo en un contexto donde los diálogos de paz con el gobierno se encuentran suspendidos.
Algunas de las cifras que nos deja la violencia en estos territorios del suroccidente producto de la disputa por el control de los distintos grupos armados y la institucionalidad en el territorio son:
El deterioro de la seguridad regional: un análisis de prospectiva para los distintos sectores de la sociedad.
La escalada de violencia registrada en junio de 2025 en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca reflejó una serie de hechos que no pueden analizarse de forma aislada ya que reflejan una tendencia creciente de reconfiguración del conflicto armado, un cambiante papel de la institucionalidad y expansión territorial de grupos armados ilegales, como el Estado Mayor Central (EMC).
Desde una perspectiva país, este repunte de la violencia tiene implicaciones directas y diferenciadas para distintos sectores. En el sector público, se evidencia un desafío estructural al control territorial del Estado, debilitamiento de las capacidades locales de respuesta y riesgo de parálisis institucional. En el sector privado, la inseguridad limita la movilidad, desincentiva la inversión y afecta gravemente las cadenas logísticas y comerciales, especialmente en zonas agrícolas e industriales estratégicas del suroccidente colombiano. Para la ciudadanía, la consecuencia más inmediata es el deterioro de la confianza en las autoridades, el miedo cotidiano y la ruptura del tejido social, particularmente en comunidades rurales utilizadas como escudos o territorios de disputa.
Afectaciones en el sector privado
- Más de 50 empresas locales suspendieron operaciones por afectaciones a la movilidad y seguridad (transporte, agroindustria, comercio).
- Se reportaron pérdidas superiores a 8.000 millones de COP por daños a infraestructura vial, cierres comerciales y afectaciones logísticas.
- En Palmira y Jamundí, al menos 2 parques industriales operaron en contingencia por presencia de artefactos explosivos cercanos.
- Productores rurales de caña, café y aguacate en el norte del Cauca denunciaron extorsiones y amenazas, generando afectación directa en la exportación.
La inseguridad frena la inversión en zonas estratégicas del suroccidente, desincentiva la instalación de nuevas empresas y puede provocar una relocalización empresarial hacia otras regiones. A largo plazo, esto acentuará la concentración económica y reduciría la competitividad del país en mercados agrícolas e industriales clave.
Impacto en la Institucionalidad
La creciente capacidad de las disidencias para desafiar al Estado en zonas de alta conflictividad compromete la implementación de políticas públicas, afecta la gobernabilidad local y debilita la legitimidad del aparato estatal. Si esta tendencia no se revierte, podría extenderse a otros departamentos con presencia residual del conflicto (Nariño, Putumayo, Meta), generando una reactivación fragmentada del conflicto armado a nivel nacional.
Impacto en las comunidades y el tejido social
El temor generalizado y la presencia constante de actores armados deterioran el tejido social, promueven el desplazamiento intraurbano y rural, y contribuyen al colapso de procesos de organización comunitaria, liderazgo social y participación política. La normalización del miedo podría debilitar aún más la democracia local y las estructuras comunitarias lo cual se ve incrementado con hechos como Cierre temporal de 40 instituciones educativas en el norte del Cauca por riesgo de explosivos o enfrentamientos y las denuncias de organizaciones comunitarias sobre el aumento del reclutamiento forzado de menores y uso de civiles como escudos humanos.
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